Desde AFELMA reclaman aprovechar las ayudas para reducir la contaminación acústica que sufren millones de viviendas, y que tiene efectos físicos y psicológicos
Eliminar el exceso de ruido en millones de hogares, el otro gran reto de los fondos europeos
 Redacción

Artículo escrito por Mónica Herranz, secretaria general de la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA) 

A España se le han asignado más de 6.000 millones de euros para la renovación de su parque edificado a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Fondo de Recuperación Next Generation de la Unión Europea. Si tenemos en cuenta que el 90% de las viviendas de nuestro país han sido construidas antes del Código Técnico de Edificación, se trata de una oportunidad única para mejorar la calidad de vida de millones de personas. En concreto, para cumplir con los objetivos europeos, España tiene que rehabilitar 1,2 millones de viviendas de aquí a 2030 (un total de 7 millones en 2050) y adaptarlas al modelo de eficiencia energética.

Pero en España, junto a la protección térmica de los edificios, tenemos otra gran asignatura pendiente en nuestras viviendas: la contaminación acústica. Cerca de 9 millones de personas soportan en nuestro país niveles de ruido superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de ello, el actual Código Técnico de Edificación (CTE), que data de 2009, no establece ningún requisito en materia de aislamiento acústico a la hora de rehabilitar una vivienda, que sí son obligatorios en otros países de nuestro entorno.

Según datos de 2020 del INE, un 21,9% de personas declara problemas de ruidos producidos por vecinos o del exterior, o lo que es lo mismo: 10,36 millones personas en España. En otra encuesta realizada por la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA) y la Asociación Técnica y Empresarial del Yeso (ATEDY) a una muestra de 1.000 ciudadanos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Pamplona, el 26,3% de los encuestados identificó el ruido como el aspecto más preocupante en materia de confort en su vivienda, teniendo en cuenta que se trataba de viviendas construidas bajo los requisitos del Código Técnico vigente en la actualidad.

La OMS asegura que, además de interferir en las actividades diarias reduciendo el rendimiento y la concentración, el exceso de ruido tiene consecuencias sobre nuestra salud física y psicológica: desde cambios de carácter y trastornos del sueño hasta problemas cardiovasculares. Está documentada la relación entre la contaminación acústica y el riesgo de padecer hipertensión, angina de pecho o un infarto agudo de miocardio.

Actualmente estamos en un momento inmejorable para frenar las consecuencias de la contaminación acústica en viviendas, dado que el plazo para solicitar subvenciones para la rehabilitación de los fondos europeos está abierto y, si no se actúa rápido, se perderá una oportunidad única para dejar de ser uno de los países que más padece el ruido dentro nuestras viviendas.

Aunque aún no se ha dado el paso de tomar decisiones tan necesarias como la de reformar el documento sobre protección frente al ruido del CTE, la Administración Pública es consciente de la problemática desde hace tiempo. Ya en 2013, en una ponencia del 44º Congreso Español de Acústica, desde el propio Ministerio de Fomento se ponía el dardo en la diana: “Toda obra de rehabilitación es una oportunidad para mejorar las condiciones acústicas de los edificios”.

En dicho texto sobre los criterios de aplicación de las exigencias de aislamiento acústico (DB HR) para viviendas ya existentes se aseguraba además que el objetivo básico de toda intervención es “mejorar sus prestaciones iniciales para adecuarlo en la medida de lo posible a las necesidades de los usuarios, tanto individuales como colectivas, sin menoscabar las condiciones preexistentes”. Sin embargo, de la forma en la que está redactada la actual normativa, en una rehabilitación para mejorar la protección contra el frío y el calor se podría dar el caso de reducir el nivel de aislamiento contra el ruido, en lugar de promover la búsqueda de la mejor solución constructiva para asegurar ambas cosas.

La normativa debería favorecer que el aislamiento frente al ruido fuera de la mano de la eficiencia energética en todos los planes de rehabilitación. Además de aumentar las exigencias acústicas en el CTE, sería igualmente deseable contar con medidas a nivel autonómico o local que fomentasen la mejora del aislamiento frente al ruido cuando se lleva a cabo la reforma de una vivienda. Actualmente, en la mayoría de las CCAA, los promotores y rehabilitadores no cuentan con ningún incentivo para ello.

Serían propuestas a considerar, por ejemplo, situar el estándar de aislamiento acústico a ruido aéreo en un mínimo de 54 dBA (actualmente se encuentra en 50 dBA) en edificios de nueva construcción; condicionar la entrega de la cédula de habitabilidad a la comprobación previa del cumplimiento de la normativa acústica con mediciones ‘in situ’; facilitar al usuario la información que le permita elegir, con conocimiento de causa, las condiciones de habitabilidad de su vivienda en lo referente al ruido (por ejemplo, mediante la utilización de la norma UNE 72.201); fomentar el compromiso de los profesionales para que utilicen soluciones constructivas con altas prestaciones; que toda actuación de rehabilitación deba guiarse por el criterio de no empeoramiento de las condiciones acústicas

La realidad es que cuando se trata de una obra nueva, las mejoras pueden venir implementadas ya desde el inicio del proyecto, sin coste adicional, pero no es así en el caso de edificios ya existentes. En estos, el coste de rehabilitar es muy superior al coste de aislar dicho edificio ya desde el momento de su construcción. Y en esto radica la importancia de abordar esta problemática desde ya, porque de lo que se haga ahora dependerá el gasto futuro para acercar los niveles de habitabilidad y de confort de nuestros hogares a los de nuestros vecinos europeos.